El Real Decreto-ley 6/2023, aprobado el 19 de diciembre, representa un hito significativo en la modernización de los servicios públicos en España. Mediante reformas a la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), se busca avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas reformas tienen como núcleo la digitalización y la mejora de la eficiencia en la gestión pública, pilares fundamentales para un desarrollo local sostenible.
Actualización del Padrón Municipal
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma en régimen local es la actualización de la regulación del Padrón municipal. Según el nuevo artículo 16 de la LBRL, se establecen los datos obligatorios que deben ser registrados, alineándolos con la normativa vigente en materia de extranjería.
Esta reforma implica no solo la inclusión de la referencia catastral del domicilio habitual, sino también la posibilidad de registrar datos adicionales, favoreciendo así una gestión más dinámica y en tiempo real de la información. La Disposición Transitoria Novena especifica que la inclusión de la referencia catastral se aplicará a partir de su desarrollo reglamentario.
La modernización del Padrón busca facilitar la planificación de políticas públicas más efectivas. Al contar con datos más precisos y actualizados, las administraciones locales podrán diseñar estrategias que respondan mejor a las necesidades de sus habitantes, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.
Impulso a la Digitalización
El Real Decreto-ley en relación con el régimen local también otorga a las entidades locales la responsabilidad de desarrollar planes que faciliten el acceso a los servicios públicos mediante herramientas digitales.
El nuevo artículo 70 quater de la LBRL establece que las entidades locales deben utilizar tecnologías de la información y crear portales de internet para mejorar la comunicación con la administración local. Esta digitalización no solo mejora la accesibilidad, sino que también responde a la necesidad de adaptarse a un contexto donde la tecnología juega un papel crucial en la administración pública.
Esto se alinea con el principio de transparencia y buen gobierno, promovido por la Ley 19/2013, que impulsa el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Además, la digitalización de los servicios públicos contribuye a reducir la burocracia y optimizar la gestión administrativa, permitiendo a los ciudadanos realizar trámites de manera más ágil y eficiente.
Apoyo a Municipios Pequeños
La inclusión del “principio de diferenciación” en la asignación de competencias a los municipios, según el nuevo apartado 6 del artículo 25 de la LBRL, es un avance significativo en régimen local. Este principio permite tener en cuenta la capacidad de gestión de cada entidad local, promoviendo medidas adaptadas a las necesidades específicas de los municipios más pequeños. Esto es especialmente relevante en un país como España, donde la diversidad geográfica y poblacional puede dificultar la implementación uniforme de políticas.
Además, la reforma contempla la figura de la gestión colaborativa para localidades con menos de 20,000 habitantes, establecida en el artículo 28 de la LBRL. Este enfoque busca asegurar la prestación adecuada de los servicios públicos esenciales y fomentar la cooperación entre municipios, lo que puede llevar a una mejor utilización de los recursos y a la creación de sinergias que beneficien a la comunidad en su conjunto.
Gestión Colaborativa y Participación Ciudadana
La nueva normativa establece que, en municipios de menor tamaño, se podrán implementar sistemas de gestión colaborativa para asegurar la sostenibilidad financiera y la calidad de los servicios públicos mínimos obligatorios, tal como indica el artículo 28 de la LBRL. Este enfoque no solo optimiza recursos en régimen local, sino que también fomenta una cultura de colaboración entre municipios.
Este tipo de gestión colaborativa puede incluir la creación de consorcios o mancomunidades que permitan a varias localidades gestionar servicios comunes, garantizando así la calidad y eficiencia de los mismos.
La participación ciudadana se ve igualmente favorecida por estas reformas. Las entidades locales están llamadas a adoptar medidas que faciliten la accesibilidad a los servicios públicos, promoviendo el uso de tecnologías de la información.
La creación de portales web no solo proporcionará información relevante en un régimen local, sino que también permitirá a los ciudadanos interactuar con la administración local, presentar quejas o sugerencias, y participar activamente en la toma de decisiones que afectan a su comunidad.
Reconocimiento de Diversidades y Derechos Históricos
Por último, las reformas también reconocen derechos históricos en comunidades como Cataluña a través de la disposición adicional decimoséptima de la LBRL. Esto asegura que las disposiciones de esta ley se implementen respetando el marco competencial establecido en sus respectivos estatutos de autonomía.
Este reconocimiento es crucial en el contexto del estado autonómico español, donde la diversidad cultural y administrativa debe ser contemplada en la legislación. De esta manera, se garantiza que la aplicación de la LBRL no solo sea efectiva, sino también respetuosa con las particularidades y derechos de cada comunidad autónoma.
Conclusión
Las reformas introducidas por el Real Decreto-ley 6/2023 marcan un avance significativo en la modernización de la gestión pública local en España.
Con un enfoque claro en la digitalización, la colaboración intermunicipal y el respeto a la diversidad autonómica, se busca no solo mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios públicos, sino también asegurar una gestión más eficiente y adaptada a las necesidades de cada municipio.
Este proceso de transformación es fundamental para construir un futuro más resiliente y conectado en el ámbito local, donde cada ciudadano pueda sentirse parte activa de su comunidad y beneficiarse de servicios públicos de calidad. La modernización del marco legal es, sin duda, un paso esencial hacia una administración pública más cercana y efectiva.
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